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Invertir en las personas es invertir en una economía más saludable y menos vulnerable.

16/12/2011     Fuente: www.infocop.es

En el otoño de 2008, el mundo asistía incrédulo a la irrupción de una grave crisis originada en los sistemas financieros de los países desarrollados, que velozmente vino a tambalear las economías de todo el mundo, y que, a pesar de los tímidos repuntes que han parecido vislumbrar mercados y economías en momentos puntuales, desde entonces no ha hecho sino continuar agravándose.


El colapso de Lehman Brothers, se convirtió en detonador de un desajuste a nivel mundial que ha puesto en tela de juicio las políticas basadas en la idea de la capacidad auto-regulatoria de los mercados liberales y que, como señala la Organización Internacional de Trabajadores –OIT- (2011), está obligando a re-pensar el modelo económico de crecimiento. Las consecuencias de este desajuste se han hecho sentir en múltiples niveles.


De estas consecuencias, sin duda, una de las más visibles y devastadoras ha sido la fuerte reestructuración de los mercados laborales, fruto, entre otros aspectos, de la adopción de medidas drásticas de austeridad y recortes presupuestarios por parte de los gobiernos y empresas. Esta reestructuración, en países como España, ha derivado en una situación de precariedad, inestabilidad e inseguridad en el trabajo y ha generado un exorbitado y continuo incremento de las tasas de paro en los últimos años (tasa que en nuestro país, a finales de octubre de 2011, se elevaba al 21,52%, es decir, a 4.978.300 de personas paradas, según la Encuesta de Población Activa –EPA- elaborada por el Instituto Nacional de Estadística -INE-).

De la mano de esta pérdida de empleos y de la dificultad para la creación de nuevo empleo, ha venido la disminución o supresión de los ingresos de miles de personas y familias, lo que, en el extremo menos grave, ha tenido un fuerte impacto en el comportamiento de los consumidores y mercados y, en el más dramático, está conduciendo a la pérdida y desestructuración de cientos de hogares.


El empleo constituye no sólo un medio de supervivencia para las personas (y, por ende, un factor determinante del ajuste personal y social), sino que es, además, un factor de desarrollo a todos los niveles (incluidos el económico y social), y puede estructurarse como una fuente de bienestar o, por el contrario, de malestar para los individuos, sociedades y economías.


En sí mismo contar con un empleo es un factor de protección para la salud mental. La investigación muestra que la seguridad en el trabajo, la sensación de control del mismo y el apoyo social relacionado, son factores promotores de la salud mental de las personas. Tener un empleo estable, contar con un ingreso seguro y el capital social -definido como la cualidad de las relaciones sociales dentro de las sociedades o comunidades, incluyendo redes comunitarias, el compromiso cívico, la sensación de pertenencia y normas de cooperación y confianza- son predictores de una buena salud mental y de bienestar para las personas.


Sin embargo, en los momentos de crisis, empresas y gobiernos tienden a realizar políticas restrictivas y conservadoras, aplicando recortes en áreas como el empleo (y desempleo), sanidad, educación y políticas sociales, olvidando las graves repercusiones que esto tiene sobre los individuos, particularmente, sobre su bienestar y salud mental, y olvidando, igualmente, que ésta es una parte indisociable de la salud pública y que afecta significativamente a los países y su capital humano, social y económico (OMS, 2011); capital que es de vital importancia para el adecuado y sano funcionamiento de las familias, comunidades y sociedades.


Abundando en esta idea, vemos que, al igual que ocurre con los individuos, las sociedades y empresas pueden ser más o menos resistentes a los estresores tales como los derivados de una crisis como la que estamos enfrentando. Los datos aportados por la OMS (2011) muestran que las legislaciones orientadas a proteger el bienestar social pueden incrementar la resilencia de las comunidades frente a los problemas económicos y mitigar los efectos generados por el desempleo y los problemas económicos sobre la salud mental (disminuyendo, por ejemplo, las tasas de suicidio ligadas al desempleo). A la inversa, los mismos datos muestran que los problemas de salud mental tienen grandes efectos a nivel económico, asociados muy particularmente a pérdidas en la productividad y absentismo (del 3% al 4% del Producto Interior Bruto en los países europeos según la OMS), constituyéndose como un importante factor económico y de bienestar o malestar de las empresas, lo que viene a insinuar que la adopción de medidas orientadas en contra de promocionar el bienestar psicosocial, pueden ser altamente contraproducentes y que el progreso económico es imposible sin salud mental.


A favor de lo imprescindible de atender estos aspectos a la hora de abordar las crisis, tanto la OIT (2011) como la OMS (2011), reconocen la necesidad de mantener e invertir en el sistema del bienestar e inciden en la importancia de que existan sistemas de cobertura social para las personas más vulnerables a la crisis económica y para la población general, que incorporen tanto medidas de apoyo social –prestación económica por desempleo, programas de formación, medidas de apoyo social a las familias desfavorecidas, medidas económicas que fomenten la creación de puestos de trabajo estables, etc.-, como otras de carácter sociosanitario, entre ellas, la atención a la salud mental y garantizar la atención psicológica, por ejemplo, a parados de larga duración.


Totalmente en línea con los planteamientos de la OIT y de la OMS, son ahora los economistas los que han dado la voz de alarma, advirtiendo el Foro Económico Mundial (World Economic Forum – WEF-) recientemente que la desatención de la enfermedad mental puede llegar a conllevar un gasto de nada menos que 16 billones de dólares en las próximas dos décadas, lo que equivale al 1,3 del PIB mundial. El informe, realizado conjuntamente con la Facultad de Salud Pública de Harvard, analiza por primera vez en la historia el impacto económico de las cinco enfermedades crónicas más frecuentes (el cáncer, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y los trastornos mentales), y en él se estima la carga económica que éstas pueden implicar para los próximos 20 años. Consideradas globalmente, estas enfermedades crónicas supondrán un coste acumulado mundial de 47 billones de dólares durante el periodo comprendido entre el año 2011 y el 2030, siendo los trastornos mentales los responsables de más del tercio de este gasto económico (más información en: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3695).


La OMS ya había advertido que los trastornos mentales suponen la principal causa de discapacidad, situando a la depresión como el trastorno más incapacitante, por encima de cualquier dolencia física, y ahora el informe del WEF confirma que los problemas de salud mental ocupan el primer puesto de la carga económica derivada de las enfermedades crónicas más frecuentes, superando con creces el gasto asociado a las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer o la diabetes.

El análisis realizado por este grupo de expertos en economía también ha mostrado que un gran porcentaje del gasto económico derivado de estas dolencias crónicas (en concreto, más del 40%) viene determinado, no por sus costes para el sistema sanitario, sino por sus costes indirectos asociados a condiciones como la pérdida de empleo, al gasto que suponen para los cuidadores principales y a la discapacidad crónica que generan y que a menudo da comienzo de manera temprana en la adolescencia.

A la luz de todas estas informaciones, parece claro que, en contra de la tendencia que se está siguiendo por los diferentes gobiernos, invertir en las personas es invertir en una economía más saludable y menos vulnerable. Si nos situamos a nivel de empresa, pareciera igualmente que la inversión en políticas de recursos humanos es un valor seguro a la hora de producir organizaciones más sanas.

Y es aquí, a la hora de afrontar la situación en la que estamos sumergidos, donde la psicología y, en particular, la psicología del trabajo y de las organizaciones, tiene mucho que aportar y herramientas que ofrecer. Es por este motivo, y por la relevancia del tema, que Infocop ha querido dedicar los próximos artículos a las propuestas que desde la disciplina pueden hacerse con el propósito de mitigar y abordar las consecuencias de la crisis, así como a en qué manera puede contribuir para generar organizaciones más humanas y más productivas, revirtiendo en el bienestar de la población y en la economía.

En un primer artículo, Josep María Blanch Ribas (catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona) nos introduce en el tema, exponiendo algunos de los desafíos que los cambios actuales en el panorama del empleo suponen para la psicología del trabajo y de las organizaciones, como disciplina y como profesión, y reflexionando sobre las implicaciones psicológicas de las nuevas configuraciones del empleo, el desempleo y el subempleo. Posteriormente, Silvia Moscoso Ruibal (profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela), responde en una entrevista a algunos de los interrogantes sobre el origen de esta crisis, desde un punto de vista psicológico, y aclara cómo puede contribuir la psicología del trabajo y de las organizaciones a prevenir e intervenir sobre los efectos de la misma. Por último, José María Peiró Silla (catedrático de psicología social y de las organizaciones en la Universidad de Valencia), aborda el tema de la flexibilidad laboral en entornos de crisis económica y se enfoca, particularmente, en la inserción laboral de los jóvenes españoles.

www.infocop.es/view_article.asp?id=3753&cat=5


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